FALTA DE TRANSPARENCIA

La transparencia parece que no es un tema que preocupe a la actual Junta Directiva. La última muestra de esta afirmación es que la Federació Balear d’Escacs (FBE) sigue a día de hoy sin enviar la documentación pertinente a los asambleístas sobre los puntos a tratar en la inminente Asamblea General del próximo día 28 de Julio. Concretamente, no se ha enviado la siguiente documentación:

  • Acta de la asamblea anterior.
  • Memoria de actividades. Memoria deportiva.
  • Presupuesto ejercicio 2018.
  • Plan general de actuación anual.

La actual junta directiva incumple nuevamente los plazos establecidos en sus propios estatutos donde se obliga al envío con 15 días de antelación de toda la documentación. Sin embargo, ¿qué se puede esperar de una junta directiva que no convocó la asamblea obligatoria el año pasado, que convoca con retraso la de este año siendo aplazada hasta en dos ocasiones?
Por otro lado, ante el caos generado durante el 2017 y parte del 2018 en relación a los Campeonatos de Baleares por Equipos, los dirigentes de la FBE no han estimado conveniente informar a los asambleístas de que el propio presidente de la FBE, Sr. Carles Vich, interpuso un recurso ante el Tribunal Balear del Deporte contra una resolución del propio Comité de Apelación de la FBE. En dicha resolución, se aceptaba el recurso presentado por el club Megaescacs, se anulaba el Campeonato de Baleares por Equipos y se ordenaba su repetición. Óbviamente, y siendo coherentes con su falta de transparencia, la resolución del Tribunal Balear del Deporte en la que se rechaza la admisión a trámite del recurso presentado por el presidente Vich, tampoco ha sido notificada a los miembros de la asamblea.  En cambio, la FBE sí ha remitido el ¡16 de julio! a una de las partes implicadas, el Club Megaescacs, dicha resolución que fue resuelta día ¡25 de abril!, más de dos meses antes…


La resolución del Tribunal Balear del Deporte rechaza la admisión a trámite del recurso del Sr. Vich informándole que el Presidente de una institución no puede ser parte interesada en un procedimiento ni interponer recurso alguno a las resoluciones dictadas por sus propios comités, que acaban con el procedimiento a nivel federativo. Para poner un ejemplo claro, es como si en una administración pública el Presidente del gobierno denunciara en los tribunales las resoluciones en el BOE del Ministro de Hacienda porque no le gustan las decisiones que toma.
Para finalizar, los asambleístas tienen el deber y la obligación de exigir que la gestión y el control de esta federación sea transparente y que como mínimo cumpla con sus obligaciones básicas que durante estos dos últimos años resulta evidente que no se han cumplido.

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